Para empezar, el presidente de CERMI Andalucía, tras un diagnóstico de las funciones de la organización, como instrumento de acción política en defensa de los intereses de las personas con discapacidad y sus familias, reclamó la equiparación y reconocimiento, en el Estatuto de Andalucía, del sistema de atención a las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, el sistema sanitario y el sistema educativo, como única vía para garantizar una atención integral a las personas con discapacidad, en el marco de unos servicios sociales verdaderamente integrales e inclusivos.

 

Asimismo, ha instado al Parlamento Andaluz a impulsar los cambios legislativos necesarios que hagan posible que la discapacidad sea considerada como un vector transversal de atención preferente en todas las líneas de acción política del Gobierno de la Junta y demás Instituciones de la Comunidad Autónoma.

 

Entre las propuestas que el Comité ha presentado, la principal y más urgente es el aumento de la financiación pública por parte de la Junta de Andalucía que cubra el coste de la plaza para centros residenciales, centros de día y centros de día con terapia ocupacional.

 

Además, el presidente de CERMI Andalucía ha dejado nuevamente constancia del encarecimiento que va a provocar en el sector de la discapacidad la entrada en vigor del nuevo Convenio Colectivo, pendiente de publicación en el BOE, puesto que incorpora unas tablas salariales que ponen en riesgo la sostenibilidad de las plazas concertadas gestionadas.

 

También ha recalcado la importancia de que las licitaciones del servicio de atención temprana se realicen mediante concierto social, que debe regular a la mayor brevedad la consejería competente en materia sanitaria, y que la aplicación del concierto social tiene que hacerse de manera transversal. En definitiva, que el concierto social se haga extensivo no solo a los conciertos de las plazas en los centros residenciales y de día, sino también a otros ámbitos como la educación, la salud, el empleo, la atención temprana o la justicia.

 

Igualmente, ha planteado una serie de cuestiones muy importantes, como la reivindicación del valor social de las entidades de personas con discapacidad, además de planificar y mejorar la convocatoria de programas y mantenimiento en el ámbito de las personas con discapacidad para 2020 de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de forma que se decida si se realiza en régimen de concurrencia competitiva o no competitiva.

 

Otras demandas que ha expuesto son el desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales y de la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad; una apuesta por el desarrollo de la Estrategia por la Educación Inclusiva prevista en la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía; la elaboración de una Estrategia por el Empleo de las personas con discapacidad, diseñando programas específicos para este grupo poblacional que reduzca la tasa de desempleo en un 20% y aumente la tasa de ocupación en un 15%; o en lo que respecta a la accesibilidad, realizar actuaciones de intervención en nuestros pueblos y ciudades que faciliten la participación de toda la ciudadanía en espacios de calidad urbana, de movilidad sostenible y desde la premisa de un diseño para todas las personas, así como el fomento de programas que potencien la accesibilidad a las Nuevas Tecnologías y a la Sociedad de la Información.